A lo largo de la pandemia de COVID-19, las comunidades indígenas, junto con las que viven en la pobreza y otros grupos marginados, se han visto afectadas de forma desproporcionada.
Walter Flores, científico social y defensor de los derechos humanos de Guatemala, ha visto de primera mano a lo largo de sus décadas de carrera cómo las desigualdades en la atención sanitaria tienen un efecto devastador en las poblaciones indígenas del mundo.
En este artículo, escribe para Global Citizen sobre cómo y por qué las poblaciones indígenas de Guatemala se han visto tan afectadas por el COVID-19, por los abusos médicos del pasado dando lugar a una importante desconfianza en las autoridades y por la necesidad urgente de transmitir mensajes sobre la salud en las lenguas indígenas.
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Me llamo Walter Flores y nací en Ciudad de Guatemala, Guatemala. Crecí en una familia de bajos ingresos y fui el primero en asistir a la universidad. Estuve en la universidad durante los años de la guerra civil. Las autoridades militares veían a la universidad pública como un lugar de apoyo a las guerrillas izquierdistas, por lo que la represión, el secuestro y el asesinato de estudiantes eran elevados.
Asistir a las clases era una tarea de alto riesgo y estresante. A mitad de mis estudios de psicología, solicité y obtuve una beca Fulbright para terminar mis estudios en California, Estados Unidos. Terminé mis estudios en Estados Unidos, regresé a Guatemala y trabajé durante cuatro años en un proyecto de atención primaria de salud en comunidades indígenas rurales.
Walter Flores
Walter Flores pulls up photographs from his field work in Guatemala while at his home in Baltimore, MD on in September 2021.
Walter Flores
Walter Flores displays a group photograph from his work in Guatemala while at his home in Baltimore, MD.
Pude comprobar de primera mano el impacto negativo que la opresión, la explotación y la discriminación causaban entre las familias indígenas, y decidí dedicar mi carrera profesional a hacer todo lo que pudiera contribuir a mejorar las condiciones de vida de los indígenas.
Con ese objetivo, me propuse seguir mejorando mis habilidades académicas y técnicas. Me concedieron una beca para estudiar un posgrado en el Reino Unido. Tras completar un máster en salud comunitaria, me ofrecieron un puesto de trabajo en la universidad y me quedé siete años impartiendo clases e investigando en países de África, Asia y América Latina. También realicé un doctorado como estudiante a tiempo parcial.
Mi experiencia de trabajo en torno a los problemas que afectan a las poblaciones indígenas y otras poblaciones marginadas en diferentes países del mundo me dio conocimientos e ideas sobre lo que había que hacer en Guatemala. Tras unos años más en Washington DC, trabajando como consultor para agencias de desarrollo internacionales, finalmente regresé a Guatemala en 2006 y fundé una organización para investigar el acceso a la salud y los derechos humanos de las poblaciones indígenas.
Walter Flores works outdoor in Baltimore, MD on Sept. 7, 2021.
La organización también pretendía diseñar y probar métodos participativos para poner en marcha procesos de capacitación para las organizaciones indígenas de base, de modo que pudieran conocer sus derechos y exigir la rendición de cuentas del gobierno y otras autoridades estatales.
La organización se llama Centro de Estudios para la Equidad y Gobernanza en los Sistemas de Salud (CEGSS). Ha pasado más de una década desde que empezamos, y el CEGSS es ahora un equipo interdisciplinario de profesionales indígenas y no indígenas que trabajan mano a mano con las organizaciones indígenas de base.
Junto con las comunidades, hemos creado una red de "Defensores Comunitarios del Derecho a la Salud". La red, denominada REDC-SALUD está presente en 35 municipios rurales. Los Defensores Comunitarios son voluntarios formados que supervisan los servicios de salud locales para comprobar la disponibilidad de suministros, y también los problemas de discriminación y violación de derechos por parte de los proveedores de servicios de salud y otras autoridades.
Teníamos muchos planes para seguir avanzando en los derechos de la salud y de la población indígena. Pero entonces llegó el COVID-19. Construimos la red mediante la interacción cara a cara, la reflexión colectiva y el aprendizaje. De repente, el corazón de nuestro método de trabajo ya no era posible.
Sin embargo, debido a la larga distancia entre las comunidades rurales, ya teníamos un sistema de comunicación a través de teléfonos móviles y grupos de chat. Lo utilizamos para comunicarnos con los defensores, que informaban de la situación en sus comunidades. A través de esta comunicación, los Defensores y el equipo del CEGSS pudieron elaborar varios informes rápidos sobre la situación de los servicios de salud y del COVID-19 en las comunidades indígenas rurales.
Seguimos ampliando nuestra experiencia de supervisión para evaluar la disponibilidad de los servicios y suministros de COVID-19 en los centros de salud rurales. Este informe se ha presentado a las autoridades locales y nacionales de Guatemala y también al personal del Banco Mundial, que concedió un préstamo a Guatemala para mejorar los servicios de COVID-19.
El informe mostró lagunas en la disponibilidad de pruebas de diagnóstico y de personal para llevar a cabo la localización de contratos. Pero el hallazgo más relevante es la falta de información sobre el COVID-19 y la vacunación en las lenguas indígenas locales, y esta falta de información está afectando a la confianza de las comunidades para acudir a los servicios locales. Además, al no existir información oficial en sus propias lenguas, las comunidades están consumiendo información errónea transmitida a través de las redes sociales.
Las dudas sobre las vacunas son elevadas entre las comunidades indígenas rurales. A través de una serie de consultas y entrevistas en profundidad con los líderes de la comunidad y las familias, identificamos dos razones principales para la indecisión.
La primera estaba relacionada con la falta de información sobre la vacuna, los beneficios y los efectos secundarios. Las personas de este grupo dijeron que podrían cambiar de opinión sobre la vacuna si recibieran información de forma clara y transmitida por personas en las que confían: autoridades indígenas tradicionales, parteras, etc.
El segundo grupo relaciona la falta de información y el llamado de las autoridades gubernamentales a vacunarse con eventos anteriores en los que las autoridades impusieron tratamientos médicos a las comunidades sin su consentimiento. Expresaron durante las entrevistas que esos abusos rara vez son reconocidos por las autoridades y menos aún hubo reparación. Les preocupa que la imposición de la vacuna sin información ni mecanismos de reclamación y rendición de cuentas pueda conducir a los mismos abusos del pasado.
(R) Due to the COVID-19 pandemic, Walter has been working from his home in Baltimore, MD. (L) Walter poses for a portrait at his home.
Es importante señalar que estas personas no son antivacunas. Todos sus hijos están vacunados y exigen el acceso a las vacunas para sus hijos. Lo que desconfían es de una vacuna que es nueva, que es sólo para adultos y de la que aún no hay información clara y sencilla en sus idiomas locales. Lo anterior, junto con los hechos históricos de abusos médicos, crean un escenario complejo. Todavía no se ha hecho justicia por los abusos del pasado y, al mismo tiempo, no existen mecanismos adecuados para garantizar que las vacunas del COVID-19 no vuelvan a dar lugar a un nuevo caso de abuso médico.
En el caso de algunas comunidades indígenas, las dudas no se resuelven sólo con el acceso a la información. Debemos entender que la injusticia y el abuso del pasado están todavía muy presentes entre esas comunidades. No debemos ignorar sus agravios. Creo que una estrategia puede ser separar la vacuna de lo que las autoridades gubernamentales significan para ellos. Debemos comunicarles que la vacuna puede salvarles, por lo que es bueno que la acepten. Sin embargo, al mismo tiempo, las organizaciones de derechos humanos, incluido el CEGSS, deben trabajar para que se haga justicia por los abusos médicos que han sufrido históricamente.
Human rights activist and health care advocate Walter Flores stands for a portrait at his house in Baltimore, MD on Sept. 7, 2021.
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