España ha sido recientemente noticia internacional por la propuesta de reforma de su ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. 

Si se aprueba, la nueva legislación -que incluye la ampliación del derecho al aborto, la educación sexual integral, el permiso menstrual remunerado y esfuerzos tangibles para luchar contra la pobreza menstrual- será una victoria para quienes luchan por la igualdad de género y el Objetivo Global 5 de las Naciones Unidas. Sus defensores afirman que la aplicación de estas políticas favorece el empoderamiento y la autonomía corporal de las mujeres. 

El Consejo de Ministros español aprobó en mayo el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Entre varias revisiones, destaca el acceso de las jóvenes de 16 y 17 años al aborto sin la autorización de sus padres, y convertirá a España en el primer país europeo en el que las mujeres puedan obtener días de baja remunerada en caso de menstruaciones dolorosas.

El proyecto se debatirá en el Parlamento, y el Gobierno de Pedro Sánchez espera que se convierta oficialmente en ley a finales de año.

Las modificaciones de la ley son el resultado de los esfuerzos por romper el estigma y la politización de cuestiones médicas como el aborto y la salud menstrual en el país, según el gobierno de coalición de España. También pone de manifiesto la relación entre estos temas y la pobreza.  

El aborto se despenalizó en España en 1985, pero la ley actual, modificada por última vez en 2010, incluye varias restricciones y requisitos que pueden retrasar e incluso impedir el proceso, incluido un "periodo de reflexión" de tres días antes de realizar el procedimiento médico. 

Además, debido a que muchos médicos de la sanidad pública se declaran "objetores de conciencia", el 85% de los abortos en España se realizan en clínicas privadas, que cobran 300 euros por el procedimiento.

Como resultado, las personas que viven en la pobreza en España no tienen efectivamente el mismo acceso al aborto que las que pueden pagarlo, lo que las lleva a buscar métodos peligrosos o inseguros.

Tras la sentencia del Tribunal Supremo de EE.UU. del 24 de junio que anuló el caso Roe contra Wade, que protegía el derecho constitucional al aborto seguro en todo el país durante casi 50 años, muchos líderes mundiales señalaron que restringir el aborto no conduce a menos abortos, sino a más abortos inseguros. Se calcula que cada año se producen en el mundo 25 millones de abortos inseguros, que provocan la hospitalización de unos 7 millones de personas y casi el 8% de todas las muertes maternas en el mundo. 

La ministra española de Igualdad, Irene Montero, ha declarado que con esta nueva ley "se garantizan y amplían los derechos y se eliminan los obstáculos existentes para ejercer el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo".

"Es una ley para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que son una medida fundamental de la calidad democrática de un país. El derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo forma parte de nuestro derecho fundamental a la salud, pero también es la puerta de entrada al ejercicio de muchos otros derechos en la vida cotidiana de las mujeres", dijo.

En España también se ha aprobado recientemente un proyecto de ley conocido como "ley del solo sí es sí", en el que las relaciones sexuales sin consentimiento explícito podrían considerarse una agresión y estar sujetas a hasta 15 años de prisión.

"El Gobierno y la mayoría feminista del Congreso están aquí para hacer de nuestro país un lugar más libre para las mujeres", dijo Montero. 

¿Qué es la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo? 

En su forma actual, la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo fue aprobada por el Parlamento español en 2010 para proteger y defender la salud y los derechos sexuales y reproductivos (SDSR), tal como se definen en las directrices de la Organización Mundial de la Salud. Pretendía sentar las bases de las iniciativas en toda España que giran en torno a la salud y la educación. 

"La sexualidad y la procreación están directamente relacionadas con la dignidad humana y con el derecho al crecimiento y desarrollo de la persona", escribió Juan Carlos I, el Rey de España, en el preámbulo de la ley.

"Estos derechos están protegidos por varios derechos fundamentales, concretamente los que garantizan la integridad física y moral y la intimidad familiar y personal. La decisión de tener o no hijos, y el momento de tenerlos, es una de las decisiones más personales y privadas que pueden tomar los individuos. También es una decisión que entra de lleno en el ámbito de la autodeterminación. Los gobiernos están obligados a no interferir en ellas y a proporcionar las condiciones, incluyendo el asesoramiento y los servicios sanitarios, para que estas decisiones se tomen de forma libre y responsable."

Con los cambios propuestos este año, el gobierno español espera reconocer aún más esos derechos fundamentales, avanzando hacia el objetivo de proporcionar acceso universal a la SDSR integral.

A continuación, desglosamos las principales enmiendas y cómo podrían afectar a todos, especialmente a las mujeres y niñas que viven en la pobreza, en toda España.

Derecho al aborto y salud materna

De aplicarse el nuevo proyecto de ley, se garantizarán los abortos seguros en el sistema sanitario público, y cualquier persona mayor de 16 años podrá interrumpir un embarazo sin necesidad del permiso de sus padres.

Se elimina la obligatoriedad de tres días de reflexión, desde que una mujer solicita un aborto hasta que reafirma su decisión. Sólo se entregará a las personas que lo soliciten un sobre, antes obligatorio, con información sobre los derechos de maternidad, prestaciones y ayudas públicas para continuar con el embarazo.

Quienes interrumpan su embarazo tendrán derecho a un periodo de baja laboral y se les proporcionará asistencia integral y especializada. Los centros de salud distribuirán píldoras anticonceptivas de emergencia de forma gratuita y en centros de servicios de salud sexual y reproductiva. (Actualmente, las mujeres tienen que ir a una farmacia y pagar 20 euros para acceder a ella).

La nueva ley permitirá que los abortos se realicen en los hospitales públicos y en los más cercanos al domicilio de la mujer, para evitar que ésta tenga que desplazarse cientos de kilómetros hasta clínicas específicas. Se creará un registro público y privado de objetores de conciencia para garantizar que los hospitales tengan siempre personal disponible para realizar abortos.

En cuanto a la salud prenatal y materna, se dispondrá de un permiso adicional remunerado a partir de la semana 39 de gestación, que no restará días al permiso de maternidad tras el parto. Se promoverán buenas prácticas para prevenir la "violencia obstétrica", es decir, el maltrato o la violación de derechos, en todas las etapas del embarazo, con énfasis en el parto y el posparto.

Se prohibirá la publicidad de las empresas que promuevan el acceso a la gestación subrogada -que es ilegal en España, donde el gobierno la considera violencia contra la mujer- o la gestación subrogada en los países donde esta práctica es legal.

El proyecto de ley también considera oficialmente como violencia contra la mujer los embarazos forzados, los abortos o la esterilización de mujeres con discapacidad.

Anticoncepción y educación sexual

El proyecto de ley obliga a la Seguridad Social a cubrir los costes de las píldoras anticonceptivas de última generación, y se promoverán los métodos anticonceptivos masculinos. También promulgará una educación sexual integral en las escuelas, especialmente en lo que respecta a la cuestión del consentimiento.

Los métodos anticonceptivos de barrera, como los preservativos, se distribuirán gratuitamente en los centros educativos como parte de las campañas de educación sexual. El gobierno también creará centros públicos de atención especializada en salud sexual y reproductiva, así como una línea telefónica de atención.

Se impartirá formación en educación sexual y menstrual a profesores, funcionarios de prisiones y trabajadores públicos.

La baja menstrual remunerada y la lucha contra la pobreza de la regla

Con el nuevo proyecto de ley, España está a punto de convertirse en el primer país europeo en incorporar la baja por menstruación dolorosa, que se incluirá en el catálogo de causas de "incapacidad temporal". 

La baja irá acompañada de un diagnóstico médico y las mujeres no tendrán que acceder a ella en un número obligatorio de días. Los costes asociados a la baja menstrual serán cubiertos por el gobierno.

El proyecto de ley pretende además combatir la pobreza menstrual: la falta de acceso a productos sanitarios, educación en higiene menstrual, aseos, instalaciones para lavarse las manos o gestión de residuos. Los productos de higiene menstrual se distribuirán gratuitamente en institutos, prisiones, centros de mujeres, centros cívicos, centros sociales y organismos públicos. 

¿Cómo se relaciona esto con la lucha para acabar con la pobreza extrema?

La falta de acceso a los DHSR está profundamente vinculada a la pobreza. El acceso a la atención sanitaria integral, incluidos los productos menstruales gratuitos y los abortos seguros, puede cambiar el curso de la vida de una persona, ayudando a las niñas a permanecer en la escuela, a retrasar el matrimonio y a salir de la pobreza, tanto ellas como las generaciones futuras.

Con sus enmiendas a la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, el gobierno español envía un mensaje a los países de todo el mundo de que es fundamental ampliar la SDSR como un derecho humano fundamental.

Global Citizen trabaja realizando campañas sobre la igualdad de género, la autonomía corporal y todo el espectro de SDSR en la búsqueda de la eliminación de la pobreza extrema. Puedes actuar junto a nosotros ahora mismo pidiendo a los líderes de todo el mundo queinviertan en salud sexual y reproductiva.

Global Citizen Explains

Combate la pobreza

Qué significa para las mujeres y las niñas el nuevo proyecto de ley de derechos sexuales y reproductivos de España

Por Erica Sánchez