Durante el mes pasado, la disidencia se ha estado gestando en Nicaragua, con al menos 76 personas, la mayoría estudiantes, muertos y cientos más heridos en protestas contra el gobierno desde mediados de abril.
Ahora, grupos de derechos humanos llaman al gobierno a detener el derramamiento de sangre y advierten que el gobierno "desencadenó una estrategia letal de represión contra los manifestantes", según un comunicado de prensa de la organización de derechos humanos Amnistía Internacional.
"Las autoridades nicaragüenses han rechazado a su propia gente en un ataque vicioso, sostenido y frecuentemente letal contra sus derechos a la vida, la libertad de expresión y la reunión pacífica", dijo en un comunicado Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas. "El gobierno del presidente Daniel Ortega ha tratado desvergonzadamente de ocultar estas atrocidades, violando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación".
Las protestas dirigidas por estudiantes comenzaron el 18 de abril, luego de que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, anunciara un plan para aumentar los impuestos y recortar los beneficios sociales dos días antes. Las reformas, anunciadas por decreto presidencial, redujeron las pensiones por discapacidad y seguridad social en un 5% y también aumentaron los impuestos a los trabajadores, informó Havana Times.
Según The New York Times, los estudiantes, frustrados por la falta de cambio político en su país, utilizaron la reforma de la seguridad social como una forma de ampliar la crítica de una sola política gubernamental.
"Esto no es una lucha que haya comenzado ahora", le dijo un estudiante al New York Times. "Esto ha sido una dictadura durante casi 12 años. La gente no puede soportarlo más ".
Aunque Ortega luego dio marcha atrás en la revisión general, las protestas continuaron creciendo a medida que los estudiantes pidieron su renuncia y que permita que se realicen elecciones libres, refiriéndose al deficiente manejo de las protestas por parte de su gobierno.
Las manifestaciones en al menos 10 ciudades, incluida la capital Managua, fueron las más importantes en Nicaragua desde el final de la guerra civil en 1990, según informó la CNN.
Ortega, por su parte, ha dicho que la represión contra los manifestantes no ha sido llevada a cabo por su gobierno sino por "delincuentes y miembros de pandillas", informó la BBC. Su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, acusó a los medios de informar con "noticias falsas" y dijo en un discurso televisado: "Esos seres pequeños, mezquinos, mediocres, esos seres llenos de odio, todavía tienen el valor de inventar muertos".
Pero Amnistía Internacional atribuyó la ola de violencia a una "respuesta autoritaria y altamente coordinada a las protestas" por parte del gobierno.
Esto ha sido corroborado por los defensores de los derechos humanos en el terreno, incluida la fundadora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez.
"No usaron a la policía aquí", dijo Núñez al New York Times sobre la respuesta del gobierno a las protestas. "Utilizaron fuerzas de ataque. La orden era definitivamente matar, no detener la protesta".
Los activistas, respaldados por la Organización de Estados Americanos, han pedido a Ortega que renuncie y permita realizar elecciones anticipadas, informó Al Jazeera.
Por su parte, Amnistía Internacional instó al presidente Ortega a "garantizar y respetar el derecho a la libertad de expresión y la protesta pública pacífica de quienes usan las manifestaciones para condenar y comentar sobre las políticas públicas".
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