Cuando el consultorio móvil de Herisoa Bodo cerró, su teléfono no paraba de sonar. Una clienta que necesitaba retirarse un implante trató de contactarla varias veces. Nunca logró tener su cita… y terminó quedando embarazada.
Bodo, partera en Marie Stopes International (MSI) Madagascar desde 2012, seguía recibiendo llamadas mucho después de que los equipos de alcance tuvieran que suspender sus servicios. “Las mujeres no dejaban de llamar porque no encontraban atención”, cuenta ella. Sus rutas abarcan Analamanga, la región que rodea la capital Antananarivo, donde MSI lleva buses convertidos en clínicas y equipos en 4x4 a comunidades rurales. Para muchas mujeres, esas visitas eran la única oportunidad confiable de ver a una partera.
Cuando esas visitas se interrumpen, las consecuencias aparecen enseguida. Madagascar ya tiene una de las tasas de mortalidad materna más altas del mundo — 445 muertes por cada 100.000 nacidos vivos — y el aborto inseguro es una de las principales causas. Menos de la mitad de las mujeres usan anticonceptivos modernos y casi una de cada tres tiene necesidades insatisfechas de planificación familiar. Incluso las interrupciones más breves amplían esa brecha.
Un Colapso en la Financiación
Durante años, MSI dependió casi por completo del UNFPA, el Fondo de Población de la ONU. “El 100% de nuestros insumos para planificación familiar vienen de UNFPA”, cuenta Volonirina Ranorohery, gerente senior de programas de MSI Madagascar. “Ellos nos dan todos los implantes, DIU y métodos inyectables a largo plazo, y todo es gratis para las clientas. También cubren combustible, alquiler de vehículos y gastos menores para las giras comunitarias.”
Esa ayuda terminó en enero de 2025, cuando el gobierno de EE. UU. congeló la mayoría de la ayuda extranjera mediante una orden ejecutiva. En pocas semanas, USAID canceló 48 subvenciones de UNFPA por casi US$377 millones, y en marzo retiró fondos ya aprobados en siete países, incluido Madagascar. En mayo, las restricciones de la Enmienda Kemp-Kasten cortaron definitivamente el apoyo estadounidense.
El déficit fue inmediato. Este año, MSI esperaba recibir US$500.000 de UNFPA. En cambio, sólo llegaron US$165.000. “Tuvimos que suspender seis sitios comunitarios y tres equipos móviles”, explica Ranorohery.
La Salud en Pausa
Cuando las clínicas móviles se suspendieron, el efecto llegó muy pronto a las comunidades a las que suele atender el equipo de Bodo. Las mujeres que dependían de los servicios de MSI repentinamente se quedaron sin opciones. En los centros de salud pública solo se ofrecen anticonceptivos de corta duración, como píldoras e inyectables, y siempre a cambio de un pago—un gasto que muchas familias no pueden permitirse. “Casi ninguna puede pagar”, cuenta Bodo. “Por eso prefieren los métodos a largo plazo”. La suspensión también interrumpió la atención básica. Las consultas de rutina no se hicieron, y Bodo comenta que ha visto más infecciones de transmisión sexual (ITS), incluyendo sífilis y VIH, desde que los equipos dejaron de llevar kits de tratamiento. “Antes, los equipos podían tratar a las pacientes”, explica Bodo. “Ahora las clientas van a la farmacia, encuentran los medicamentos muy caros y se van sin tratar.”
El impacto fue personal también. El contrato de Bodo pasó de ser fijo a uno de consultoría, y sus horas bajaron de 20 a 15 días al mes. Es un recordatorio de que lxs proveedorxs también viven con incertidumbre.
Lo que describen Bodo y Ranorohery no es un caso aislado en Madagascar. El UNFPA advierte que la atención obstétrica y la salud reproductiva también están en riesgo en países como Somalia, Chad, Nigeria y Afganistán. En los cuatro años previos a la suspensión, las contribuciones de EE. UU. ayudarona evitar más de 17.000 muertes maternas, 9 millones de embarazos no planeados, y casi 3 millones de abortos inseguros. Ahora, con los fondos en el aire, esos avances están en peligro.
Un Futuro Frágil
MSI Madagascar logró reactivar algunos servicios en mayo gracias a fondos de emergencia a corto plazo, pero esa ayuda se termina en diciembre. Si no se recupera la financiación, comunidades enteras pueden quedarse sin atención. “La consecuencia directa es el fin de las actividades de alcance”, dice Ranorohery. “Incluso habrá escasez en los centros de salud pública. Esto va a afectar muchísimo la salud reproductiva y la planificación familiar”. Ranorohery espera que los fondos vuelvan para que los equipos móviles puedan seguir llegando a las mujeres que más los necesitan. “Sin eso”, dice Bodo, “las mujeres más vulnerables no tendrán nada”.
Por ahora, no hay señales de que los fondos estadounidenses para UNFPA se vayan a restablecer. La incertidumbre deja tanto a profissionais como a pacientes en el limbo. A corto plazo, contribuciones puente—de la Unión Europea, donantes bilaterales o socios filantrópicos— podrían mantener los servicios activos hasta que se aclare la postura de EE. UU. A largo plazo, solo un esquema de financiación estable puede asegurar que las clínicas móviles no desaparezcan de nuevo y que la atención sea una garantía para las mujeres en todo Madagascar.
Al mismo tiempo, varios informes revelan que anticonceptivos valorados en US$9,7 millones comprados por EE. UU. están almacenados en depósitos en Europa, y hay planes para destruirlos. Miles de personas en EE. UU. ya han apoyado los esfuerzos para que estos insumos vitales se conserven y lleguen a quienes más los necesitan.
Únete al movimiento y toma acción pidiendo al secretario Rubio que detenga la incineración planeada y apoye la disponibilidad continua de insumos para planificación familiar con esta acción: Detén la quema de ayuda.
Proteger el acceso a la planificación familiar es una responsabilidad compartida que fortalece los sistemas de salud en todas partes.