Hace dos años la activista y presa política nicaragüense, María Esperanza Sánchez, fue condenada injustamente a 10 años de prisión por ejercer sus derechos y participar en la construcción de una Nicaragua más justa e igualitaria.
Desde el jueves 12 de mayo Esperanza Sánchez tiene dificultades para caminar, asma e hipertensión arterial, además de las consecuencias de la tortura física y psicológica que ha sufrido en una prisión conocida como "La Esperanza" (igual que su segundo nombre). Sus familiares denunciaron que su salud se está deteriorando rápidamente, pero se le ha privado de la atención médica que necesita para recuperarse.
Al igual que María Esperanza, muchos presos políticos sufren torturas y malos tratos sistemáticos, mala alimentación, desatención médica y privación de medicamentos, entre otras cosas que ponen en peligro su vida. Según la Organización Mundial de la Salud, el derecho a la salud para todas las personas significa que todos deben tener acceso a los servicios de salud que necesitan, cuando y donde los necesitan, sin sufrir dificultades económicas.
TUITEA AHORA: Unámonos para exigir a las autoridades nicaragüenses a que respeten y protejan los derechos humanos de María en materia de salud y libertad.
“El espacio cívico de Nicaragua está calificado como ‘cerrado’ por el Monitor CIVICUS. Actualmente se encuentra en la Lista de Vigilancia del Monitor CIVICUS que identifica a los países en los que ocurre un deterioro grave y abrupto de la calidad del espacio cívico”.